Como parte de la estrategia de aumento de la recaudación y reducción del déficit público, el Gobierno ha reducido a 1.000 euros los pagos efectivos permitidos en las transacciones en las que intervenga al menos un empresario o profesional. Anteriormente, dicho límite estaba en 2.500 euros.
Con esta medida se persigue principalmente aumentar la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.