El Gobierno quiere colocar una placa en la sede del Gobierno Autonómico en Madrid que recuerde su uso por la Dirección General de Seguridad en el régimen de Franco.
En dichas dependencias se guardaba la información privada de muchos españoles a los que se espiaba su vida personal y profesional, dónde residían, qué coche usaban, qué patrimonio tenían, a qué organizaciones pertenecían e, incluso, cómo empleaban su tiempo.
El párrafo anterior puede trasladarse sin modificar ni una palabra a la sede de la agencia tributaria. So pretexto de que los españoles tributemos «correctamente», asistimos perplejos a actas de inspección que manejan información privada conculcando el derecho de los ciudadanos a la privacidad de su vida. Vemos actas que contienen fotografías información acerca de personas distintas del inspeccionado directamente extraídas de las bases de datos de la AEAT, entradas en urbanizaciones y portales sin permiso, sólo aprovechando la entrada de otro vecino del inmueble, utilización de todo el poder de la Administración contra periodistas y enemigos políticos (caso Montoro recientemente publicado en el diario ABC), e incluso, en el «mejor» de los casos, mero curioseo por conocer los ingresos del vecino.
Este uso de información protegida constitucionalmente no se realiza de forma inocua o no violenta, sino para soportar con la información obtenida las actas que, en más del 50% de los casos y después de años y años de periplo procesal, son anuladas por ser contrarias a Derecho. Y durante esos años el contribuyente debe pagar la deuda liquidada aunque ello suponga, en no pocos casos, la ruina de su negocio o de su familia.
En este contexto, nos desayunamos hoy con que toda esa información es almacenada gracias al auxilio de una empresa china, Huawei, lo que ha motivado que un despacho anglosajón haya solicitado al Tesoro de los EE.UU. que interrumpa el intercambio de información con la Hacienda española por entender que la enorme cantidad de información que ésta posee está al alcance del gobierno chino, dado que todas las empresas de este país están obligadas a facilitar a su gobierno la información que les solicite.
Aprenderemos del pasado? Tienen que venir los abogados de la «pérfida Albión» para defender nuestro Estado de Derecho? algo estamos haciendo mal. Para esto hemos hecho una transición…