El Presidente Milei ha disuelto la Administración Federal de Ingresos Públicos, al entender que es una fuente de gasto inútil que se retroalimenta mediante la usurpación de la propiedad privada de los ciudadanos. Los funcionarios adscritos a la misma serán reducidos en un 45% en los niveles jerárquicos superiores y en un 31% en los inferiores. Los sueldos serán reducidos y todo ello producirá un ahorro de 6 millones de euros al año.
La entidad sería sustituida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo más barato y con menos burocracia.
Se anuncia asimismo un nuevo estatuto del contribuyente para reforzar los derechos de los ciudadanos frente a la Administración tributaria.
Podrá la creciente voracidad de la Administración tributaria española, que ya provoca numerosas actuaciones que se declaran ilegales por nuestros Tribunales de Justicia, inducir una respuesta semejante en nuestros dirigentes políticos?